Las defensas emplazaron al tribunal a que «no se dejen engañar» porque «no es la primera vez que la irresponsabilidad de los políticos a la hora de resolver los conflictos y las obsesiones de la Guardia Civil someten a un enjuiciamiento realidades político-so- ciales que vive Euskal Herria», remarcaron.
Por ello, pidieron a los magistrados que «no revistan jurídicamente una decisión política tomada en un determinado momento; es decir, en 1998».
Arantza Zulueta recordó que fueron los propios peritos de la Guardia Civil quienes declararon que «ellos estaban muy convencidos de que todo era ETA pero que les costó muchos años convencer a jueces y políticos». «En 1998, un juez se presta a llevar adelante y dar forma de auto a todos aquellos retos y obsesiones policiales. Necesitaban un juez que fuera a instruir sus tesis y a políticos que les dieran cobertura. Pero, les faltaba una tercera pata: el tribunal», subrayó. Por ello, incidió en que cuando desde la Fiscalía o la acusación particular ejercida por la AVT se reclama «una sentencia histórica o la ampliación del concepto de ‘terrorismo’, se pide al tribunal que tome parte en esto que pretendía la Guardia Civil».
A este respecto, Zulueta destacó nuevamente que en sus conclusiones finales tanto el fiscal Enrique Molina como el abogado Pedro Cerracín «pidieron a los magistrados un reto; cambiar el concepto de ‘terrorismo’, cuando este término ni siquiera está definido por la ONU, y hablar de ETA como ‘una organización integral’».
No dudó en afirmar que lo que se demanda a través de este proceso es «el enjuiciamiento de realidades político-sociales que vive Euskal Herria, algo que no es propio de un tribunal, que únicamente le corresponde aplicar las leyes».
En esa línea, Jone Goirizelaia resaltó que «evidentemente, según la jurisprudencia existente, no podemos hablar de un delito de ‘integración en banda armada’. Pese a todo, el fiscal demanda a sus señorías que adecúen el tipo penal y legislen, cuando ustedes no pueden legislar. No se ha intentado juzgar unos hechos, sino a unos jóvenes por su actividad política y porque un día se decidió así».
También criticó «el intento [en alusión a Molina] de convertir en delito el derecho fundamental de los procesados a no declarar, al tildar de ‘ley del silencio’ la negación a contestar a las preguntas de las acusaciones. Nadie está obligado a contestar a todo el mundo».
«Jeckyll y Hyde»
Goirizelaia hizo referencia expresa al término «desdoblamiento», de los más repetidos en el juicio. «La Fiscalía expone la teoría siniestra del desdoblamiento como si fuera trasladarse del doctor Jeckyll a míster Hyde, cuando es un concepto desarrollado en un montón de tratados de la izquierda y al que la Fiscalía ha intentado imprimirle carácter de ilegalidad y cosa extraña. ¿Es que no hay militantes de IU en movimientos ecologistas o del PSOE en UGT?».
Tras realizar un minucioso repaso de todos y cada uno de los documentos aportados por los peritos de la Guardia Civil y de la UCI, las defensas recalcaron que de un mismo documento se pueden extraer muy diferentes conclusiones, aunque sólo se han tomado en consideración aquellas que interesaban para sustentar la teoría de que «todo es ETA».
Sobre las declaraciones prestadas por los peritos policiales, Zulueta remarcó que «cuando no existe ciencia se tiende a hablar desde el prisma de uno y la experiencia personal, aplicando a Jarrai el voculario militar».
Los abogados concluyeron que «la base probatoria expuesta en el juicio es abrumadoramente escasa y en nada desvirtuan la inocencia de Jarrai,Haika y Segi».
«Ridiculez y falta de contenido de las pruebas» contra Pérez
A. L.
MADRID
Aunque en próximas sesiones las defensas realizarán un análisis individualizado de las pruebas esgrimidas por la Fiscalía contra cada uno de los imputados, ayer Jone Goirizelaia valoró las pruebas de cargo existentes contra Aitziber Pérez Blanco. Recordó que tanto en las declaraciones policiales como en las judiciales Pérez «dijo desde el principio que era de Duina, pero, curiosamente, el fiscal no aporta esta declaración policial cuando normalmente las utiliza como prueba de cargo».
«Tampoco menciona la declaración que prestó en calidad de testigo Aner Petralanda, que expresó sentirse sorprendido por la detención de Aitziber, y afirmó que esta joven era de Duina y no de Segi. Así se pronunciaron Igor Arroyo y Miren Zabaleta. Pero en este procedimiento sólo vale la prueba pericial aunque lo manifestado por los testigos y por la propia Aitziber en sede policial y judicial también se haya oído en este juicio», incidió Goirizelaia.
Junto a ello, subrayó que las actas sobre los seguimientos hechos a Pérez son «una ridiculez y carentes de contenido». Para sustentar esta afirmación, citó el contenido de varios de los seguimientos que, según explicó, fueron practicados por cinco agentes policiales.
Hablando con gente
«En una de esas actas se dice que subió a un autobús y fue a Donostia, donde se reunió con otros dos individuos. Pero los agentes ni siquiera aportan la identidad de esas personas ni de qué hablaron. El seguimiento consistió en mirar cómo Aitziber hablaba con otras persona», remarcó la abogada.
«En otra, manifiestan que Blanco participó en un Gazte Eguna en Tutera. Cuando les pregunté a los peritos si por el mero hecho de verme en un acto de Segi pensarían que soy de Segi, contestaron que no», añadió.
En cuanto al hecho de que en un mismo piso estuvieran las sedes de Duina, IA y Segi, remarcó que «en el País Vasco es una realidad que los grupos se unan para alquilar un sitio común, y eso hasta ahora no es delito».
Askatasuna: «Quieren condenarles a cualquier precio»
La actitud mantenida por el fiscal Enrique Molina tanto en la exposición de sus conclusiones finales como a lo largo de todo el juicio demuestran, en opinión de Askatasuna, que «quieren condenar a estos jóvenes a cualquier precio». En una nota de prensa, el organismo antirrepresivo censura que el fiscal hubiera pedido al tribunal que «cree una definición de terrorismo acorde con este caso», así como que el abogado de la AVT, Pedro Cerracín, reclamara a los jueces un «fallo histórico» contra estos jóvenes. Subraya, a este respecto, que «tanto este juicio como los que vienen por detrás son juicios totalmente políticos», y que están «ligados a la actitud represiva que, bajo el lema de ‘todo es ETA’, impulsó el Gobierno del PP en 1998». -
